CONCLUSIONES 6º CONGRESO IBÉRICO SOBRE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL AGUA

• Más de la mitad de los ríos y lagos de la Península Ibérica presentan un mal estado ecológico.

• Comparando los datos de los últimos 25 años con las series históricas más largas, los caudales de los ríos se han reducido en un 20%.

• La superficie de regadío no debe aumentar. El agua que se ahorra en la modernización de regadíos debe destinarse a la mejora del estado de los ríos y acuíferos.

• Los usuarios del agua tienen que ser conscientes y responsabilizarse del deterioro que las extracciones y vertidos de aguas residuales producen en el medio ambiente acuático. Este objetivo se expresa en el principio de que “el que contamina o deteriora, paga”.

• Es fundamental la convicción de las autoridades públicas en la utilidad del proceso de participación de la sociedad.

Estado de los ecosistemas

· Más de la mitad de los ríos y lagos de la península ibérica presentan un mal estado ecológico (contaminación, deterioro de la vegetación de las riberas y del régimen hidrológico y empobrecimiento o desaparición de la fauna y flora acuática).

· Existen avances técnicos significativos para la definición del buen estado ecológico que hay que alcanzar.

· Sin embargo, los diagnósticos realizados en España son incompletos porque no existe una visión de conjunto por la falta de criterios comunes entre las cuencas hidrográficas y entre los dos países de la Península Ibérica.

· La aplicación de la Directiva Marco del Agua significa una oportunidad extraordinaria para la gestión sostenible del agua.

· Es preciso realizar un gran esfuerzo en la elaboración de los borradores de los planes de cuenca, que deben presentarse en 3 meses, para que tengan calidad suficiente y sirvan de base para los planes definitivos.

Agua, energía y alteraciones climáticas

· Comparando los datos de los últimos 25 años con las series históricas más largas, los caudales de los ríos se han reducido en un 20%.

· Los motivos: factores climáticos, aumento de consumos y cambios en las actividades agrarias y forestales.

· Es imprescindible que los nuevos planes de gestión de cuencas estudien y confirmen estos datos para el horizonte de 2027, fecha que establece el reglamento de planificación.

· Resulta difícil realizar predicciones porque nos movemos en un contexto de incertidumbre. Por lo tanto, es necesario aplicar el principio de precaución, lo que significa prever escenarios problemáticos (más sequía, lluvias torrenciales, aumento de temperaturas…..)

· La participación ciudadana resulta esencial en este escenario. El objetivo final es que la población se sienta responsable de las decisiones en materia hídrica. Estar informado, aportar y debatir son los pasos previos.

El futuro del regadío

• La administración no es capaz de controlar la expansión del regadío y eso debe cambiar.

• Existe el consenso de que la superficie de regadío no debe aumentar.

• Es necesario un plan de reconversión no solo del regadío sino de la agricultura (incorporando el secano).

• Es falso que las tarifas de riego cubran los costes de las infraestructuras del agua. En ocasiones, el precio pagado no alcanza ni el 20% de estos costes. El congreso propone abrir un proceso de ajuste de los precios a los costes, con compensaciones iniciales a los agricultores para facilitar la transición.

• El agua que se ahorra en la modernización de regadíos debe destinarse a la mejora del estado de los ríos y acuíferos, reduciéndose los derechos concesionales de los agricultores, beneficiados por los programas públicos de modernización.

• La reconversión del regadío se debe situar en el marco de un nuevo modelo de desarrollo rural, que incluye la potenciación del secano y la defensa de los paisajes, el medio ambiente y la calidad de vida en el mundo rural.

Reforma institucional y participación ciudadana

• La Directiva Marco del Agua (DMA) establece la obligación de desarrollar procesos participativos activos y reales.

• Existe una gran heterogeneidad en los procesos de participación ciudadana que se están poniendo en marcha en España. Muchos de ellos no están cumpliendo suficientemente los niveles y objetivos que establece la DMA.

• Es necesario financiar la participación de las organizaciones ciudadanas sin ánimo de lucro y que defienden intereses generales para que tengan cabida en el proceso.

• La DMA refuerza el principio de que los usuarios del agua sean conscientes y se responsabilicen del deterioro que las extracciones y vertidos de aguas residuales producen en el medio ambiente acuático. Este objetivo se expresa en el principio de que “el que contamina o deteriora, paga”.

• Es necesario mejorar los métodos de análisis económico y los instrumentos para contabilizar los costes ambientales que todavía, en gran parte, se desconocen y no se trasladan a los usuarios.

Las propuestas de los Planes de Cuenca: valoración y alternativas

• La Directiva Marco del Agua supone un avance muy importante en el tratamiento de los problemas de gestión del agua.

• Su aplicación en España ha tenido ya efectos destacables: se ha mejorado sensiblemente la información, se han desarrollado metodologías de análisis del estado biológico (flora, fauna y biodiversidad acuática) y se han iniciado procesos de participación pública.

• Sin embargo, hay retrasos y tareas pendientes:

– Completar el desarrollo normativo

– Mejorar la coordinación interadministrativa y la coherencia entre políticas sectoriales (agricultura, urbanismo, turismo).

– Integración de los aspectos relacionados con el régimen de caudales y la dinámica de los cauces

– Desarrollar el marco y las metodologías del análisis económico y los instrumentos de recuperación de costes

• En los procesos de participación pública impulsados desde la administración es fundamental la convicción de las autoridades públicas en la utilidad del proceso y la asunción del liderazgo del mismo. La participación pública debe ser una prioridad del conjunto del gobierno.

• El proceso de reformas estatutarias y la deficiente transposición de la DMA crean problemas para la política de agua, especialmente, en lo que se refiere a la unidad de cuenca y al reconocimiento de la participación pública real y activa.

• Hay que superar el enfoque de “exclusividad competencial” e ir hacia la práctica de fórmulas de “cooperación interinstitucionales”.